La Comisión Europea ha dado a conocer hoy una nueva iniciativa para reforzar los derechos de los ciudadanos de la UE mediante una serie de acciones que pretenden eliminar los obstáculos a los que siguen enfrentándose los ciudadanos en su vida cotidiana. El informe sobre la ciudadanía de la UE de 2013 expone doce maneras concretas de ayudar a los europeos a hacer un mejor uso de sus derechos en la UE, desde buscar empleo en otro país de la UE hasta garantizar una mayor participación en la vida democrática de la Unión. Entre las propuestas principales figuran facilitar a la gente trabajo y formación en otro país de la UE; reducir el papeleo excesivo a los ciudadanos de la UE que viven y viajan por la UE y eliminar los obstáculos a las compras transfronterizas. En el Año Europeo de los Ciudadanos, el informe sobre la ciudadanía de la UE es la respuesta de la Comisión a las reiteradas reclamaciones de ciudadanos que han señalado problemas comunes al viajar, trasladarse o realizar compras en otro país de la UE.

«La ciudadanía, piedra angular de la integración europea, es a la unión política lo que el euro a la unión económica y monetaria. El actual informe sobre la ciudadanía sitúa en el primer plano a los ciudadanos de la UE», ha manifestado la Vicepresidenta y Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la UE, Viviane Reding. «Desde su inclusión por primera vez en los Tratados en 1993, la ciudadanía de la UE ha evolucionado pero no ha alcanzado todavía su madurez: la gente sigue enfrentándose a obstáculos en el ejercicio cotidiano de sus derechos. Anualmente recibimos más de un millón de reclamaciones de ciudadanos relacionadas con sus derechos. Por este motivo tomamos hoy medidas para reforzar los derechos de los ciudadanos en situaciones cotidianas como buscar empleo, comprar en línea o participar en el proceso europeo de toma de decisiones.»

Dos décadas después de que el Tratado de Maastricht estableciera los derechos de los ciudadanos de la UE, estos derechos no siempre son una realidad en la vida cotidiana de las personas. Así lo han confirmado los ciudadanos de la UE en una amplia consulta pública sobre la ciudadanía de la UE en la que 12.000 ciudadanos aportaron ejemplos de trabas burocráticas a las que siguen enfrentándose, por ejemplo, al ejercer el derecho a la libre circulación. Las encuestas de Eurobarómetro sobre la ciudadanía y los derechos electorales, una serie de diálogos de los ciudadanos en directo con los políticos nacionales y europeos, así como las numerosas peticiones de información sobre los derechos de la UE recibidas del público a través del servicio de información Europe Direct, confirman la necesidad de seguir actuando. La Comisión está respondiendo a estas preocupaciones.

En el contexto de la crisis de la deuda financiera y soberana, es necesario abordar los obstáculos con que se encuentran los ciudadanos que buscan empleo cualificado en otros países de la UE, así como los obstáculos que los disuaden de comprar bienes en el mercado interior. Esto es especialmente importante al dirigirse la UE hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria con el horizonte de la unión política.

El informe sobre la ciudadanía de la UE de 2013 anuncia 12 nuevas acciones en seis ámbitos para reforzar los derechos de los ciudadanos:

  1. Eliminar obstáculos para los trabajadores, los estudiantes y los trabajadores en prácticas en la UE
    • mediante la extensión del derecho de los demandantes de empleo a recibir prestaciones de desempleo de su país de origen mientras buscan empleo en otro Estado miembro de la UE más allá del plazo actual de tres meses, para aumentar la movilidad de los trabajadores; y
    • mediante el establecimiento de un marco de calidad de los periodos de prácticas que especifique los derechos y obligaciones de las partes y garantice que estos periodos no se conviertan en una forma de empleo «no remunerado»
  2. Reducir el papeleo burocrático en los Estados miembros
    • facilitando la aceptación de documentos de identidad y residencia a los ciudadanos que deseen viajar o tengan que demostrar su identidad en otro país de la UE, incluso a través de documentos europeos uniformes de carácter facultativo que los ciudadanos podrían utilizar en todos los países de la UE; y
    • facilitando el reconocimiento transfronterizo de los certificados de inspección técnica de vehículos en la UE.
  3. Proteger a los más vulnerables en la UE
    • mediante la difusión de un tarjeta de discapacidad de la UE que deberá ser reconocida recíprocamente en toda la UE para garantizar que los 80 millones de personas discapacitadas puedan beneficiarse de las ventajas asociadas a las tarjetas nacionales (por ejemplo, acceso al transporte, el turismo, la cultura y el ocio) al ejercer su derecho a la libre circulación; y
    • mediante la propuesta de un conjunto de leyes para reforzar los derechos procesales de los ciudadanos y, en particular, de los niños y los ciudadanos vulnerables, cuando sean sospechosos o estén acusados de un delito.
  4. Eliminar los obstáculos a las compras en la UE
    • mediante la mejora de las normas para resolver los litigios transfronterizos de escasa cuantía que surgen al comprar productos en línea o en otro país de la UE. El proceso europeo de escasa cuantía puede ayudar a los consumidores a obtener rápidamente la devolución de su dinero; y
    • mediante el desarrollo de un instrumento en línea que aumente la transparencia de las compras de productos digitales y permita a los ciudadanos comparar ofertas transfronterizas.
  5. Promover la disponibilidad de información específica y accesible sobre la UE
    • mediante instrumentos de formación en línea que se pondrán a disposición de las administraciones locales y el suministro de información fácilmente comprensible para el ciudadano sobre a quién dirigirse para resolver sus problemas.
  6. Fomentar la participación de los ciudadanos en el proceso democrático
    • mediante métodos que permitan a los ciudadanos de la UE mantener su derecho de voto en las elecciones nacionales de su país de origen. En algunos Estados miembros la práctica de privar a sus ciudadanos del derecho de voto una vez que se trasladan a otro país de la UE equivale efectivamente a penalizarlos por haber ejercido el derecho a la libre circulación.

El informe sobre la ciudadanía de la UE es el eje central del Año Europeo de los Ciudadanos 2013, y hace balance de los progresos realizados desde el primer informe sobre la ciudadanía de la UE de 2010, así como de la realización por la Comisión de las 25 acciones concretas anunciadas en octubre de 2010.

Esta iniciativa se presenta en el momento en que la Comisión ha adoptado el último informe sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales que incluye los derechos de los ciudadanos, como el derecho a la protección de datos personales. También va acompañada de un informe sobre los progresos realizados hacia una ciudadanía de la UE más real, del historial del reconocimiento de los derechos de los ciudadanos como la libre circulación, los derechos políticos y la protección consular en la UE, y de la lucha contra la discriminación por motivos de nacionalidad.

Antecedentes

Con el informe sobre la ciudadanía de 2013, la Comisión también hace balance de los logros alcanzados recientemente e identifica los obstáculos que todavía impiden a los ciudadanos ejercer plenamente sus derechos.

El primer informe sobre la ciudadanía de la UE se adoptó en 2010 con una lista de 25 acciones para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos de la UE en el ejercicio de sus derechos. Desde entonces, la Comisión ha trabajado para cumplir sus promesas mediante:

  • la ampliación de los derechos de aproximadamente 75 millones de víctimas de delitos al año en toda la UE
  • la reducción del papeleo burocrático para 3,5 millones de personas que anualmente matriculan vehículos en otro país de la UE, con un ahorro de 1 500 millones de euros
  • la prohibición de gastos suplementarios por pago con tarjeta de crédito y de casillas ya marcadas para los compradores en línea
  • la ampliación del derecho a un juicio justo para todos los ciudadanos de la UE, que se aplica a unos 8 millones de procedimientos al año
  • la clarificación del régimen económico matrimonial de 16 millones de parejas internacionales en Europa

Fuente: Comisión Europea

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