Los Veintiocho han incorporado a sus ordenamientos jurídicos nacionales las normas de la UE para luchar contra la discriminación
Todos los Estados miembros de la Unión Europea ya han incorporado a sus ordenamientos jurídicos nacionales las normas de la Unión Europea destinadas a luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Ahora bien se necesitan esfuerzos adicionales para aplicarlas en la práctica. Estas son las principales conclusiones del nuevo Informe publicado por la Comisión Europea.
La Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo y la Directiva de igualdad racial, ambas adoptadas en 2000, se concibieron para luchar contra la discriminación en el puesto de trabajo y por razones de raza. Es una buena noticia que estas Directivas de la Unión Europea se hayan convertido ahora en Derecho nacional en la totalidad de los 28 Estados miembros.
No obstante, el informe publicado subraya que las autoridades nacionales aún tienen que asegurarse de que, en la práctica, ofrecen a las víctimas una protección eficaz frente a la discriminación. Entre los problemas detectados se encuentra la falta de conciencia pública de los derechos y el reducido número de denuncias de casos de discriminación. Con objeto de contribuir a este proceso, la Comisión ofrece financiación con vistas a aumentar la sensibilización y a formar expertos en Derecho en materia de igualdad. Por otra parte, la Comisión Europea ha publicado una guía para las víctimas de la discriminación.
«El principio de no discriminación es uno de los más importantes de nuestra Unión Europea. Todos somos iguales ante la ley y a todos nos asiste el derecho a vivir libres de discriminación», ha declarado la vicepresidenta y comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding. «Gracias a las normas de lucha contra la discriminación y a las iniciativas de aplicación de la Comisión, los ciudadanos disfrutan de estos derechos en los 28 Estados miembros. El reto al que nos enfrentamos es garantizar que las víctimas de discriminación pueden hacer valer sus derechos en la práctica, es decir, que sepan dónde pueden acudir para pedir ayuda y gozar de acceso a la justicia».
Fuente: http://www.compromisorse.com