Lenguaje claro y lectura fácil: las palabras precisas para la transparencia y el buen gobierno
Artículo de Rafa Camacho aparecido en Compromiso empresarial
El pasado 13 de octubre se celebró el Día Mundial del Lenguaje Claro, fecha elegida en conmemoración de la firma de la ‘Plain Writing Act’ por parte del presidente de Estados Unidos Barack Obama en 2010. En torno a esta fecha se han celebrado diversos actos a nivel nacional e internacional para promover el uso del lenguaje claro y de la lectura fácil en las administraciones y en los servicios públicos y privados. Ambos estilos de redacción tienen una relación directa con la transparencia, el gobierno abierto y el buen gobierno, que vamos a mostrar a través de su desarrollo y con diversos ejemplos.
El lenguaje claro es un campo de la comunicación clara que se ocupa de hacer más sencilla la redacción de textos para facilitar la comprensión del mensaje. Su público objetivo es el conjunto de la población y pone en el centro de acción al lector, con el objetivo de que pueda entender un texto la primera vez que lo lee. Sin duda, una iniciativa necesaria y con un noble fin. Pero, ¿de dónde procede?
Antecedentes sobre el lenguaje claro
La primera referencia del texto, dedicada a Obama, ya recuerda a una persona iniciada en gobierno abierto al Memorando de 2009 en el que se establecían sus tres pilares: transparencia, participación y colaboración. Y es que el gobierno abierto y la comunicación clara, los grandes marcos que acogen a la transparencia y al lenguaje claro y la lectura fácil, guardan una estrecha relación que va más allá de lo que puede parecer una simple anécdota con el expresidente americano como nexo.
La Plain Writing Act (Acta de Escritura Simple) era un mandato dirigido al funcionariado de las agencias de la Administración Federal de Estados Unidos, en virtud del cual debían redactar los textos de manera que los ciudadanos pudieran entender con claridad su contenido. Como paralelismo con el gobierno abierto, tampoco en este caso el ‘descubrimiento’ fue de la Administración Obama, si bien se puede apuntar en su haber el haberlo dotado de un impulso determinante, como con el gobierno abierto.
Ya se anduvo por esta senda en décadas precedentes en su propio país, con Bill Clinton (Memorandum on Plain Language in Government Writing, 1998) y Jimmy Carter (Orden Ejecutiva 12-0444 que llama a la claridad: “Los reglamentos deberán ser tan sencillos y claros como sea posible”, 1978), inspirados en los pasos precedentes dados durante la presidencia de Richard Nixon, cuando decretó que el Registro Federal debía expresarse en “términos simples”.
En Canadá, el texto gubernamental Plain Language de 1991 se dirige directamente a los funcionarios, apelando a su empatía, con esta afirmación: “Usted podría sentirse frustrado si la información que afecta a su trabajo está escrita de tal forma que solo pueda ser comprendida por un experto” (Ramírez, Juan Daniel; Pérez, Jorge, y Lanne-Lenne, Luis. Cuadernos de la Guardia Civil, 2019).
En efecto, esta frase resume perfectamente el espíritu del movimiento por la claridad en el lenguaje: los textos deben ser entendidos por cualquier persona sin necesidad de que sea experta en la materia de la que se trata. Incluso para profesionales de una determinada materia, hay ocasiones en que los textos son de difícil comprensión. Es algo que en el mundo jurídico es sobradamente conocido entre los propios profesionales.
Para una visión cómica del asunto, sirva la infografía y el post que aporta Juan Carlos García Melián en la serie los Supervillanos de la Información pública: Incomprensit.
De hecho, es en el lenguaje jurídico donde encontramos los primeros antecedentes históricos sobre la importancia de la claridad en la comunicación, y podemos remontarnos al siglo XIX para localizar las primeras referencias directas a la necesidad de sencillez en la redacción de la mano de Jeremy Bentham, que destacaba la claridad, la brevedad y el uso de lenguaje ordinario (entendido como no culto) como atributos fundamentales en la redacción de leyes, pues están dirigidas al ciudadano.
Para ampliar sobre este particular, es muy interesante la aportación de Germán Jair Arenas Arias Lenguaje claro (derecho a comprender el Derecho). Otras referencias de interés las podemos encontraren el texto de Claudia Poblete y Pablo Fuenzalida: Una mirada al uso de lenguaje claro en el ámbito judicial latinoamericano.
La persona ‘iniciada’ en gobierno abierto habrá podido relacionar también a Bentham con la transparencia a través de su ‘panóptico’, ese sistema de vigilancia de todo un edificio desde un solo punto que ideó para cárceles, pero que entendía como una idea brillante que podría extrapolarse a otros escenarios, basándose en el principio de que las personas se comportan mejor si se sienten permanentemente vigiladas. Sin entrar en la cuestión, considero más nobles sus esfuerzos teóricos a favor de la claridad jurídica que este panóptico, cuya expresión conduciría a una hipertransparencia de cuyos riesgos ya nos han advertido voces críticas como la de Byung Chul Han en su obra La sociedad de la transparencia (Ed. Herder. 2013).
Este espíritu fue tomando fuerza con el paso de las décadas hasta que cristaliza en los años 70 del siglo XX en diversos movimientos en el ámbito jurídico y de consumidores, principalmente. Un ejemplo paradigmático en el segundo caso es el del banco CityBank en la redacción de contratos de crédito. Movimientos como este, provenientes del sector privado y del empuje de la sociedad, fueron la antesala de los pasos dados por la administración de Estados Unidos que resumimos anteriormente.
Aunque estos ejemplos escogidos por su relación tan directa con la cuestión que tratamos (transparencia, gobierno abierto) puedan inducir a error, hay que dejar patente que el movimiento por el lenguaje claro no es una cuestión delimitada al mundo anglosajón. La Plain Language Association International acoge a más de 200 entidades y profesionales asociados de más de una treintena de países, y Clarity, centrada primordialmente en lenguaje jurídico, que reúne a más de 600 profesionales de cincuenta países, son los principales ejemplos.
Suecia es una de las principales referencias en la materia, puesto que ha desarrollado desde los años 60 y 70 una política sistemática de lenguaje claro en el ámbito legislativo. Desde 1976 todos los proyectos de ley pasan la revisión de un equipo de juristas y lingüistas previo a su remisión al Parlamento. En el país escandinavo existe la convicción de que para el buen funcionamiento de la democracia y para la seguridad jurídica es esencial que las autoridades públicas se comuniquen de manera clara y comprensible con los ciudadanos para poder ser entendidas (Strandvik, Ingemar. La modernización del lenguaje jurídico en Suecia: ¿enseñanzas aplicables a otras tradiciones? 2012).
En este punto la relación con la transparencia es clara. La Ley 19/2013 de Transparencia de España cita en los principios generales de la publicidad activa que la información debe ser publicada “de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados”, que se remarca en el siguiente apartado con la afirmación “toda la información será comprensible”.
Lectura fácil
Sirva este apunte sobre Suecia para comenzar a hablar de lectura fácil, ya que es allí donde da sus primeros pasos internacionales con la creación en 1968 del Centro de Lectura Fácil de la Agencia Sueca de Educación. Suecia se vuelve a presentar como un espejo en el que las organizaciones españolas se miran, como señala Blanca Mata, promotora de la asociación Lectura Fácil Euskadi.
En este punto podemos volver a evocar las similitudes con la transparencia y el espejo sueco, con la primera ley de acceso a la información del mundo, promulgada en 1776, donde más allá de la efeméride, las políticas destinadas al cambio cultural son un ejemplo en el que mirarse, como solía remarcar Esther Arizmendi, primera presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La lectura fácil no es lo mismo que el lenguaje claro, a pesar de sus similitudes. Si bien ambos estilos de redacción tienen el mismo propósito final, difieren en cuanto al a quién va dirigido y al cómo hacerlo.
El lenguaje claro va dirigido al conjunto de la población y se basa en una serie de normas de redacción que faciliten la comprensión (uso de la voz activa, frases cortas, presentar la información de forma que destaque lo más relevante en la disposición y diseño de los textos…).
La lectura fácil está basada en los principios de la democracia lectora (facilitar el acceso a la lectura como disfrute y como fuente de información para todas las personas) y de la integración social (como parte de su participación activa en la sociedad), según Mata.
Está dirigida por tanto a personas con dificultades lectoras y de comprensión (personas mayores, personas inmigrantes, personas con dificultades cognitivas o lectoras, escolarización deficiente…), de ahí que se hable de accesibilidad cognitiva cuando tratamos los fines de la lectura fácil.
En cuanto a la técnica, se ayudan de herramientas como ilustraciones, maquetaciones claras o separación de los conceptos en renglones distintos para adaptarlos a los ritmos de la comprensión lectora, entre otras. Las técnicas son más especializadas que en el lenguaje claro y requieren una validación posterior a nivel técnico y cognitivo, como remarcan desde el Instituto Lectura Fácil. Un texto fundamental sobre las técnicas a emplear es Directrices para materiales de Lectura Fácil, elaborado por Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA, por sus siglas en inglés).
Gobierno abierto y accesibilidad cognitiva
Tras este breve repaso por los aspectos históricos y teóricos de la accesibilidad en el lenguaje, no cabe duda de que nos encontramos ante una poderosa herramienta para el fortalecimiento de la democracia en su acepción más radical, en cuanto al concepto de pueblo, de un pueblo en el que están representadas todas las personas.
El derecho a comprender se revela como un derecho a luchar por el resto de derechos (sociales, económicos, políticos) desde la propia consciencia. Favorece la participación de las personas en la sociedad en general y en las estructuras políticas y administrativas en particular.
La relación con el gobierno abierto es muy clara con lo anteriormente referido, pero no se queda ahí. Como se señaló con anterioridad, la claridad en el lenguaje y la información viene recogida en la ley de transparencia estatal (así como en otras análogas autonómicas), y más allá del texto, una transparencia que no se entiende deja de ser transparencia. En este sentido son diversas las iniciativas que se diseñan para pasar del derecho a saber al derecho a entender.
En España el lenguaje claro tiene sus orígenes propios en los años 80, cristalizados con la publicación del Manual de Estilo del Lenguaje Administrativo por parte del Ministerio para las Administraciones Públicas (INAP. 1990), a la que siguieron otros hitos como la publicación en 2002 de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, hasta llegar a la creación de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico el 30 de diciembre de 2009 en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta Comisión, integrada por juristas, gramáticos y periodistas, realizó trabajos de campo de los que se desprendían datos tan significativos como que el 82% de la población no entendía bien lo que transmitía la administración de Justicia.
Un problema que, por cierto, comparten el 43% de los ciudadanos respecto al lenguaje administrativo, según una encuesta más reciente sobre transparencia realizada por el Defensor del Pueblo en 2017. A tener en cuenta que se trataba de una muestra no representativa, tomada por personas que accedieron voluntariamente al cuestionario web que habilitó la Oficina del Defensor del Pueblo. En una encuesta probabilística, los resultados hubieran sido sin duda distintos y con un porcentaje mayor.
La Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico redactó un informe con una serie de recomendaciones para la mejora del lenguaje jurídico en el afán de analizar el “derecho a comprender” (el entrecomillado es el primer epígrafe del texto, una manifiesta declaración de intenciones).
Por su parte, la lectura fácil cuenta en nuestro país con varias asociaciones y entidades que trabajan por su desarrollo y extensión, si bien en algunas zonas no encontramos puntos de referencia. Podemos citar por ejemplo y sin ánimo de exhaustividad a la pionera Associació Lectura Fácil, creada en Barcelona en 2002, la Asociación Lectura Fácil Madrid, Plena Inclusión o las citadas Lectura Fácil Euskadi o Instituto Lectura Fácil, que colaboran activamente con las administraciones creando materiales y guías.
Además, existen otras iniciativas de profesionales en redes sociales y web personales, como Javier Badía, Helena Amorós Cabrera o Pedro A. Fernández Sáez (por citar algunos), o grupos en redes, como el de Modernización del Lenguaje Administrativo de Novagob, que elaboró un Decálogo sobre el lenguaje claro para las Administraciones Públicas.
Algunos ejemplos de gobierno abierto en España
Para finalizar, se presentan algunos ejemplos de la aplicación del lenguaje claro y la lectura fácil en el ámbito de la transparencia, el gobierno abierto y el buen gobierno:
- Constitución Española en Lectura Fácil. Adaptada por Dilofácil. Validación de textos: Altavoz Sociedad Cooperativa Madrileña. Revisión jurídica: Red de juristas de Plena Inclusión España. 2015.
- Norma Foral de Transparencia de Bizkaia. Adaptado por Lectura Fácil Euskadi. 2016. Primera norma específica sobre gobierno abierto adaptada a lectura fácil.
- Primer Plan Municipal de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Adaptado y validado por el servicio Más Fácil de Plena inclusión Canarias. 2018.
- Guía del derecho de acceso a la información de la Región de Murcia. Adaptación por Plena inclusión Región de Murcia. Validado por Astrapace y Fundación SOI. 2018.
- Guía práctica de comunicación clara del Ayuntamiento de Madrid, con la participación de la Secretaría General de Transparencia del consistorio. El primer documento que publicó bajo estas premisas es la adaptación de las multas de tráfico en febrero de 2018.
- Código Ético del INAP. Adaptación: Plena Inclusión Madrid. Validación: Círvite. 2019.
- Reglamento Orgánico Insular de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Adaptación y validación: Más Fácil de Plena inclusión Canarias. 2019.
- Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública – PEGIP2020. cuenta con un subproyecto específico sobre lenguaje claro y lectura fácil que pretende potenciar la comunicación clara en los servicios y procedimientos públicos. Tuvo un antecedente en 2017 con el proyecto de Lectura Fácil en la página web Euskadi.eus. La primera publicación fue Ayudas económicas a familias con hijos e hijas a su cargo (versión lectura fácil).
- OGP Local Euskadi: El Foro Regular de la Open Government Partnership en Euskadi presenta las noticias de su blog con la opción de lectura fácil.
- Programas electorales en Lectura Fácil. Una iniciativa derivada del derecho a voto con las personas con discapacidad intelectual, lo que supone un avance de suma importancia de cara a sus derechos de participación política. Para las Elecciones Generales de abril 2019 los encontramos en los cuatro principales partidos: Ciudadanos (Instituto Lectura Fácil)– Podemos (Plena Inclusión España) – PP (Plena Inclusión Ávila) – PSOE (Plena Inclusión España). Para las próximas del 10 de noviembre de 2019 a la fecha de publicación de este artículo solo está publicada la propuesta de Podemos, diferente de la de abril.
- DKV Lenguaje Claro. Programa para simplificar el lenguaje de los seguros, reconocido en los premios otorgados por la Fundación Compromiso y Transparencia y Telefónica como una de las 10 mejores prácticas en transparencia en 2015. Además, el libro Seguros de Salud para Dummies también obtuvo este reconocimiento en 2017, y fue finalista en los Premios Corresponsables del mismo año.
- Proyecto global de Transparencia, Claridad y Responsabilidad de BBVA desarrollada en ocho países. Uno de sus pilares es facilitar la comprensión del cliente, entregándole información con un lenguaje, estructura y diseño que sean claros y simples de entender y encontrar, sin letra pequeña. Como el anterior, reconocida entre las 10 mejores prácticas en transparencia de 2017 por la Fundación Compromiso y Transparencia y Telefónica.
Además de estos casos, escogidos por su especificidad con la materia (a excepción de la Constitución, que se ha incluido por su relevancia normativa y social), podríamos incluir muchos más ejemplos de referencias elaboradas desde las administraciones públicas para mejorar la comunicación con colectivos con dificultades cognitivas y comprensoras, puesto que son, en definitiva, ejemplos de buen gobierno. Sirva como referencia por su alcance y valor divulgativo la Guía Accesibilidad Cognitiva, Lectura Fácil y Lenguaje Claro en la Administración Pública Local, elaborada por el Instituto Lectura Fácil con la colaboración de la FEMP.
¿Qué es el buen gobierno? En lenguaje claro, podríamos resumirlo como “hacer bien las cosas buenas”. Y estas iniciativas son una excelente muestra de ello.
