El proyecto europeo «Movilidad: un paradigma para la ciudadanía europea» (en su traducción al castellano) arranca hoy, Día Europeo del Consumidor, en 8 países de la Unión Europea: Bulgaria, Italia, Lituania, Portugal, Rumania, Serbia, Eslovaquia y España, donde es coordinado por la Fundación Ciudadanía.
Esta iniciativa está liderara por la Red de Ciudadanía Activa (Active Citizenship Network), la interfaz europea de la ONG italiana Cittadinanzattiva que cuenta para su desarrollo con el apoyo del Programa europeo ‘Europa de los Ciudadanos’, y su objetivo principal es promover una cultura de transporte sostenible que respete los derechos de los pasajeros.
‘Movility’ quiere involucrar a los ciudadanos europeos, principalmente a usuarios de transporte público y a viajeros, y así ayudar a acercar sus necesidades a los ambiciosos objetivos que la Comisión Europea ha fijado para los próximos años en relación a la movilidad sostenible de la ciudadanía.
Fundación Ciudadanía, siguiendo la metodología de trabajo compartida recientemente en un encuentro entre las 8 organizaciones participantes celebrado en la ciudad de Roma, realizará el trabajo de campo en Extremadura con el objetivo de contribuir a encontrar soluciones a los problemas de movilidad que se plantean a nivel nacional y comunitario.
El proyecto va a recoger opiniones de la ciudadanía de los países participantes sobre la movilidad en la UE como un tema clave en la aplicación de la estrategia europea 2020. De esta manera, la ciudadanía extremeña va a tener la oportunidad de participar en la toma de decisiones buscando posibles soluciones respecto a este tema, sin duda, importante para su vida diaria y para la aplicación de un desarrollo sostenible, además de poder formular recomendaciones para presentarlas a las instituciones de la UE.
En este sentido Juan José Salado, Director de Fundación Ciudadanía, ha de clarado “La movilidad es en la actualidad tan necesaria como insostenible en base a los modelos actuales, más teniendo en cuenta la peculiaridad de regiones como Extremadura, por lo que se hace necesario plantear modelos alternativos que tengan en cuenta la accesibilidad al transporte, la sostenibilidad ambiental y económica y los derechos de los viajeros”.
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